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Hace unos días, el 27 de setiembre de 2013, una circular emitida por cuatro organismos gubernamentales de manera conjunta aprueban el regreso de los que se habían beneficiado con la ayuda pública de retorno del año 2008/09. Después de la crisis del Lehman Brothers para paliar la desocupación el gobierno japonés implementó esta medida de emergencia para facilitar el retorno de los trabajadores nikkei de Sudamérica con 300.000 yenes para el titular y 200.000 yenes para los acompañantes de dicha unidad familiar. De los 21.675 beneficiarios el 92.5% o sea 20.053 fueron brasileños que regresaron para reiniciar su vida en un Brasil pujante y con muchas expectativas, aunque con un costo de vida mucho más caro y laboralmente más competitivo que hace 20 años (Perú y otros países también tienen este desafío).

 La medida gubernamental estableció un plazo de tres años de no reingreso para los beneficiarios pero pasado dicho término (abril de 2012) tampoco hubo una definición al respecto. Algunos, después de varios intentos lograron su visado argumentando la reunificación familiar u otro motivo personal. Una nikkei brasileña enjuició al Ministerio de Justicia y obtuvo su visado hace unos meses; será por eso que las autoridades japonesas aprobaron el regreso de los "retornados” con la condición de que presenten un contrato de trabajo que tenga validez por lo menos un año.

De la misma manera que un Estado tiene la potestad de fijar límites en la política migratoria, un particular también puede hacer un juicio contra ese Estado para solicitar su reingreso; en tal sentido, ambos tienen sus derechos. En este tema en particular,  habría que hacer un análisis más objetivo del mismo que es importante tenerlo presente para futuras situaciones similares.

1. La ayuda gubernamental del 2009 ha sido para los solicitantes de ese subsidio y no una medida de expulsión forzada. Aceptaron el no reingreso por tres años porque esa era la condición. Muchos de los que se beneficiaron dejaron impagas sus deudas públicas (impuestos y pagos a la seguridad social) y privadas (préstamos para adquisición de vehículos y casas) abandonando sus coches en el mismo aeropuerto de Narita. Esta situación se dio no solo en los beneficiarios de la ayuda pública sino en los casi 100.000 brasileños que se fueron entre los años 2009 y 2011, incluyendo después del sismo y tsunami de Tohoku. La comunidad brasileña sufrió una reducción de más del 30% de su población mientras que en las otras ha sido del 10% aproximadamente.

2. Los nikkei brasileños beneficiarios que solicitaron el reingreso señalaron en el Consulado de Japón de Sao Paulo que estaban dispuestos a devolver el dinero (300.000 y 200.000 yenes, respectivamente) con tal de poder regresar al Japón pues ya percibían que su país no podía ofrecerles empleos ni una vida tranquila (aumento de la inseguridad). Si estaban dispuestos a eso no les costará nada asumir las deudas pendientes. Algunas han prescrito pero las públicas prescriben en cincos años y algunas privadas pueden demorar diez años. Hago hincapié en esto porque desde el momento que registran su nuevo domicilio en cualquier parte del Japón podrán recibir las facturas pendientes de pago con sus recargos y multas. 

3. Los derechos tienen su contraparte en obligaciones y aquí en Japón es de entender que primero están las obligaciones para exigir derechos. Japón tiene sus defectos como toda sociedad humana pero el sistema funciona mucho mejor que en nuestros países y no da lugar a especulaciones donde haciendo "algo de política” se puede lograr "algo”. Y aunque lo obtengan luego vendrá la "factura de manera implícita”.

La nueva medida de reingreso solo exige en principio un contrato de trabajo de un año pero la autoridad migratoria, a través de sus Consulados, puede exigir toda documentación suplementaria que considere necesaria por lo que no será fácil su retorno al Japón.

En ninguna parte es sencilla la integración social de los extranjeros, aún tratándose de países que hablan el mismo idioma. Si bien Japón no ha teni-do un política migratoria unificada a nivel nacional eso no ha significado que no hayan implementado medidas para facilitar la adaptación e integración de los extranjeros. Las mismas personas que "siempre se quejan”, al parecer, son las que menos han aprovechado de los cursos de capacitación en japonés y en entrenamiento técnico pues las estadísticas cuentan que más del 70% de los cursantes son de 

nacionalidad peruana y no necesariamente brasi-

leña, salvo en Prefecturas como Shizuoka y Aichi.

Esperemos que con el reingreso de los reclamantes ahora sí hagan el esfuerzo de integración y se transformen en un valor agregado de la sociedad japonesa y no en un estorbo a la convivencia social.

 

Por: Lic. Alberto Matsumoto

www.ideamatsu.com





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